HACIENDO HISTORIA
"Para
tumbar a Mujica, primero hay que sacarlo de la cancha a su Vocero" - le
dijo un alto funcionario judicial al todavía Vice y aspirante a la Gobernación
Fernando Lobo-
Ello
motivó la reunión secreta de todos los jueces del crimen a quienes se consultó
sobre una supuesta irregularidad que se había realizado con el área destinada a
la publicidad.
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| Juez Lugones investigó de "oficio" por "trascendidos" |
Pero nadie quiso prestarse a la maniobra, salvo el entonces Juez del
Crimen de Quinta Nominación, Luis Eduardo Lugones por esa época Presidente de la
Asociación de Magistrados quien, no estando de turno, inició de oficio (la primera y única de su
gestión) una investigación "por transcendidos", que denunciaban la
firma de un contrato de 300.000 pesos que el gobierno provincial había
suscripto en concepto de publicidad oficial, con una supuesta empresa
"fantasma" de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Abonando esa "elaborada" teoría, se presentó ante los medios de
comunicación el entonces Presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia
Contador Ricardo Allub, hombre de
confianza de Cesar Iturre, expresando que el mismo había
detectado irregularidades en la firma del mentado contrato responsabilizando
directamente a Brevetta Rodríguez como el autor de la maniobra tendiente a
despojar al Estado provincial de una suma sideral.
Ahora se sabe que el ex funcionario imputado ni siquiera firmó el contrato que
se investigó durante ocho años y nunca apareció en el expediente.
Hoy se comenta que Allub,
abría actuado bajo las directivas de Lobo
y Moya tras la promesa de ascenderlo al Ministerio de Economía en el caso
de acceder al gobierno por medio de la sucesión que ellos mismos habían pergeñado,
pues no se entiende como éste
funcionario, nunca fue citado a tribunales para ratificar sus acusaciones y
aportar pruebas, en consideración a un dictamen de oposición al acto
administrativo que suscribiera, sin ningún elemento de convicción.
Allub, después cesanteado del cargo, hoy se refugia bajo dependencia
de la Intendencia de la Banda en un oscuro cargo comunal, a la altura de sus
conocimientos contables
Así, el sumario, que inició de oficio y bajo la instrucción el ex Juez Lugones, fue bautizado por la
Intervención Federal como la "causa piloto" de la corrupción del
gobierno intervenido, fue utilizado para llevar a prisión a todo el entonces gabinete
provincial provocando el escándalo periodístico y judicial, mas notorio de
estos últimos tiempos.
INSÓLITAS IRREGULARIDADES
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| Lindow de Angio toda una vida a la sombra del poder de turno |
Si bien resulta cierto que nunca se supo con certeza la razón de la
detención de todo el gabinete de Carlos Mujica, sobre la que pesaba la figura
de la asociación ilícita, (a
instancias de la ex Fiscal del Crimen y hoy Camarista Lindow de Angio) la misma
figura que hoy tiene preso al ex presidente Menem, para evitar la excarcelación
de los ex funcionarios, no fueron pocas las investigaciones periodísticas que
se realizaron en procura del esclarecimiento de los hechos, sin que las mismas
arrojasen los resultados esperados.
El año pasado, a mediados del mes de setiembre, la Cámara del Crimen
de Segunda Nominación, al resolver la situación procesal de los publicistas
procesados, expresó en su sentencia que la investigación sumarial "constituye una notoria y grave
irregularidad sin explicación alguna hasta este momento y luego de mas de seis
años de instrucción judicial... Ninguna
duda cabe de las singulares e insólitas irregularidades detectadas en el
estudio de la presente causa..." lo que motivó una denuncia criminal
en contra de los jueces designados por la ex Intervención Federal por privación
ilegal de la libertad, prevaricato, etc. que tramita en el mismo juzgado del
crimen a cargo del Dr. Gómez.
NO HAY DELITO
En la misma sentencia la Cámara del Crimen estableció en relación a
los hechos investigados que: "no se encuentran acreditados y por lo tanto
no se ha superado el estado de sospecha inicial, tal como se demuestra a
continuación" entre otros conceptos, lo que viene a demostrar que la
tan promocionada investigación que tantos espacios -radiales, gráficos,
televisivos- consumió desde su gestación
y por espacio de ocho años, generando también nueve cuerpos de actuaciones,
terminó con el sobreseimiento de todos los imputados descubriéndose solo, que
no había delito.
La contundencia conceptual de la sentencia de la Cámara de
Apelaciones, dejó mal parados a los jueces, camaristas y fiscales que
intervinieron en la substanciación del sumario, que al parecer nunca habían
realizado una investigación coherente y dentro del marco de la seriedad,
resultando inexplicable que durante ocho años se halla tramitado un sumario,
para arribar a la conclusión de que nunca existió delito.
Resulta patético hacer
referencia a la sensación que nos causó observar los casi diez cuerpos de
actuaciones, todos ellos prolijamente encuadernados, con fotografías, recortes
periodísticos, e ilustraciones periciales, descansando en los viejos anaqueles
de la sala de archivo, por lo que no pudimos evitar preguntarnos: ¿Cuánto dinero
gastó el Estado provincial en armar el rompecabezas sin final? Y ahora quién
pagará los gastos que les ocasionaron a los otros por un mero capricho de la
política y la desmedida ambición de
algunos ex funcionarios?
LOS
PRESOS POLÍTICOS DE LA DEMOCRACIA
Mientras cotejábamos las
actuaciones judiciales no pudimos menos que controlar el asombro al constatar
recortes periodísticos dispuestos como un "manual de actuaciones" que
se fueron cumpliendo con el correr del sumario: con fecha 11 de noviembre de
1993, el Nuevo Diario titulaba " Quieren detener a Cacho Mujica" y de
la crónica se pueden extraer todos los pasos procesales que la justicia asumió
puntualmente cual si fuera un diagrama espacialmente confeccionado de antemano
para lograr encarcelar a todo el gabinete gubernamental.
En vano resultó que el
abogado Carlos Córdoba a raíz de
esta causa, reprochara "falta de seguridad jurídica en nuestra
provincia" ) El Liberal 16/2/94) o que el abogado Federico Pinto Kramer expresara que "en Santiago existe
inseguridad jurídica " (El Liberal 4/2/94) y " La detención de
Brevetta fue una decisión política" (El Liberal 24/5/94) o "existe un
rehén político: Brevetta Rodríguez" según el Dr. Carlos González Avalos ( Nuevo diario, 16/11/1994).-
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| Angela Ledesma, radical arrepentida, la peor gestión en la justicia ssntiagueña |
Estas manifestaciones
reiteradas desde todos los ámbitos periodístico, no inquietaron de manera
alguna a los Interventores Federales que tenían al frente del Superior Tribunal
de Justicia a una arrepentida "radical" de la primera hora, la Dra. Ángela Ledesma quien realizó al frente
de la justicia provincial la peor gestión de que se tenga memoria, por lo que
hoy es requerida por la justicia del crimen a raíz de su mal desempeño.
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El malestar producido por
el manejo arbitrario y discrecional del Poder Judicial en los tiempos de
Schiaretti, causaba estupor en los corrillos tribunalicios y en el contexto
comunitario. Un editorial del diario El Liberal, de fecha 18/7/94 advertía:
"La Intervención Federal mantiene en comisión a los jueces y conserva la
facultad de removerlos cuando crea conveniente... lo que pone un manto de dudas
sobre la actividad de un órgano encargado de administrar justicia y sobre todo
de la seguridad jurídica", tal vez por ello la gestión de los improvisados
interventores enviados por el actual Ministro de Economía Nacional Domingo Cavallo, hicieron
"sapo" en esta provincia, pero no les fue nada mal, pues todos
supieron "colocarse" antes de hundimiento del barco y nos dejaron un
déficit de mas de 300 millones de pesos, que la Nación no termina de
abonarnos.-
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